Las áreas metropolitanas son unidades complejas de funcionamiento, cuya dimensión y escala superan largamente los límites administrativos municipales. Constituyen formas cada vez más sofisticadas de articulación del territorio y conforman un espacio territorial e institucional privilegiado para la construcción de nuevas relaciones de gobernabilidad urbana. Con lo cual, ante la necesidad de emprender acciones coordinadas e integradas, se caracterizan a continuación las diferentes tipologías de gestión detectadas; recuperando buenas prácticas y proporcionando recomendaciones para una más eficiente toma de decisiones.
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El ordenamiento territorial, el transporte público, el tratamiento de residuos, el saneamiento de cuencas, el manejo de costas, el desarrollo económico, las prestaciones de salud y educación, la dotación de infraestructura, entre tantos otros temas, exceden largamente las competencias de gestión de un municipio e involucran a niveles de orden superior, de carácter metropolitano.
Para Pedro Pírez -Director del Centro de Estudios Desarrollo y Territorio, Universidad Nacional de General San Martín-, lo que caracteriza a la forma metropolitana es la heterogeneidad de actividades y de grupos sociales que engloba, localizados en unidades relativamente homogéneas. Define a las áreas metropolitanas como aglomerados que ocupan de manera total o parcial el territorio de dos o más gobiernos locales.
En América Latina varias ciudades han superado los tradicionales límites municipales: comprenden varios municipios con administraciones y recursos diferentes y, por lo tanto, necesidades y objetivos distintos en los que la gestión metropolitana constituye un espacio privilegiado para la construcción de nuevas relaciones de gobernabilidad urbana.
La existencia de una multiplicidad de jurisdicciones en el espacio metropolitano, no coordinadas o insuficientemente coordinadas, sumada a una atomización de autoridades estatales de diversos niveles de gobierno (agencias, entes, organismos, empresas de servicios públicos, entes de control), representa para Daniel Sabsay -Presidente del Consejo de Administración de Fundación Ambiente y Recursos Naturales- uno de los elementos más conflictivos para la gobernabilidad de dichos territorios.
Se hace necesario, entonces, generar consensos políticos que contemplen y actúen sobre las áreas metropolitanas, reconociendo su continuidad funcional, económica, social y cultural. Jordi Borja -Director del Master en Gestión Urbana de la Universidad Politécnica de Catalunya- prefiere hablar de ciudades metropolitanas más que de áreas metropolitanas. Para él, la ciudad metropolitana es una realidad política plurimunicipal que es tremendamente desigual. Y que, por lo tanto, la gestión debe emprender políticas territorialmente integradoras y redistributivas.
La experiencia comparada nos muestra diversas modalidades desarrolladas para gobernar y administrar estos espacios. Dada esta diversidad de modelos de gestión y regionalización, se presentan tipologías de gestión metropolitana a partir de sus cualidades constitutivas: a) Gestión por regionalización autonómica; b) Gestión por acuerdos programáticos; y c) Gestión por actuación disociada.
a. la gestión por regionalización autonómica
Este tipo de gestión se desarrolla predominantemente en varios países europeos y es replicado con variaciones en América Latina y Asia. En la mayor parte de los casos, las regiones autonómicas se establecen a partir de una sanción legislativa y, una vez constituidas como entes territoriales, están en capacidad de gobernarse por autoridades propias, administrar sus recursos naturales y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de nuevas responsabilidades.
Si bien no poseen el carácter de soberanas (como los estados federados), disponen de importante autonomía política. Pero este tipo de regionalización no es susceptible de aplicar en Argentina, dado que la organización gubernamental distingue tres ámbitos territoriales: uno nacional, a cargo del gobierno federal, y otros dos parciales: uno regional, a cargo de gobiernos provinciales y otro local, a cargo de gobiernos municipales.
Para Pedro Del Piero -Presidente de Fundación Metropolitana-, el federalismo como componente de gobernabilidad es el principal responsable de la fragmentación gubernamental. El federalismo -explica- jerarquiza los niveles de competencias y jurisdicciones y descarta la posibilidad de contar con un gobierno metropolitano con competencias de gestión, con poder de policía, con capacidad de recursos públicos y de resolución de conflictos.
Desde 1994, momento en que se sanciona la nueva constitución nacional, existe una alternativa institucional para la creación de regiones (no autonómicas) que posibilitan la recuperación por parte de la entidad regional, de un conjunto de competencias que anteriormente estaban en manos del gobierno federal. Al respecto, Pedro Del Piero señala que, conforme a su Artículo 124, las regiones no pueden celebrar tratados parciales de carácter político, y que es posible crear regiones, aunque no revistan características de gobierno metropolitano.
Por tal motivo, al no haber posibilidad de un gobierno metropolitano, se deberán extremar las posibilidades parar obtener gobernabilidad por otros caminos. Para Alfredo Garay -Director de la Corporación Antiguo Puerto Madero-, esto quiere decir que en caso de existir una instancia regional que manifieste la vocación de asumir estas competencias, el gobierno nacional tendrá que resignar su voluntad de participar de estos entes, transfiriendo competencias e instituciones al organismo regional.
Esto marca un verdadero salto cualitativo respecto de otras experiencias, donde la conformación de agencias o comisiones de coordinación, tropezaba con la falta de poder frente a organismos con verdadera capacidad para concertar intereses o movilizar recursos. Sin embargo, Alfredo Garay sostiene que en general se trata de instancias declamatorias, sin capacidad de acción efectiva, ya que los temas sobre los que se debe actuar suponen una altísima cuota de voluntad política que no siempre prima.
Por esta razón propone la creación de Autoridades o Agencias metropolitanas intermedias, como las fundaciones, que tengan capacidad para contratar obras y para desarrollarlas a través de terceros, que cuenten con herramientas que le permitan ejercer el poder de policía, con instrumentos de gestión para realizar intervenciones urbanísticas de diferentes escalas o en la operación de servicios regionales. La eficacia de la cooperación metropolitana por convenios resulta clave para una mayor gobernabilidad.
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a.1. Los casos de aplicación
Cabe citar el caso del área metropolitana de Santiago de Chile, donde se conformó la Intendencia de la Región Metropolitana (que incluye a los territorios rurales de las comunas), que es el representante del Presidente de la República en el gobierno regional y tiene dentro de sus atribuciones la coordinación de las políticas ambientales metropolitanas. Sin embargo, su rol de coordinación en la implementación del Plan de Descontaminación de Santiago no implica autoridad jurisdiccional alguna sobre los alcaldes de las comunas de la metrópolis, generándose frecuentes roces institucionales debido a la superposición de competencias.
En Barcelona, en cambio, que es una ciudad metropolitana, se ha profundizado el traspaso de actividades y decisiones a los distritos para acercar el gobierno a los ciudadanos, mientras que la centralización estratégica ha permitido mantener la coherencia del conjunto y promovido la cooperación interjurisdiccional. Se han creado, en tal sentido, los denominados “Consorcios” entre el gobierno regional autonómico catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, para coordinar y proveer conjuntamente servicios sanitarios, educativos y sociales.
Ello permite establecer, bajo una única autoridad operativa y funcional, las distintas unidades que trabajan en la ciudad, sin importar de quién dependan orgánicamente. La gestión territorial por regionalización autonómica se presenta en muy disímiles realidades nacionales. En China, por ejemplo, existen cinco regiones autónomas. En América Latina, se distingue el caso de Nicaragua, con dos. El Reino Unido cuenta con cuatro. Y existen países que poseen regiones con moderada autonomía, tal es el caso de Grecia, con 13 regiones; y Francia, con 26.
En consecuencia, la gestión por regionalización autonómica facilita un ordenamiento jurídico homogéneo y permite la implementación de políticas territoriales a partir de la utilización de economías de escala. Pero tiende a aumentar la estructura burocrática del Estado y puede significar la dispersión y duplicación de decisiones y programas relativos a las políticas sociales, sin una autoridad clara que las coordine.
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a.2. Fortalezas y vulnerabilidades del modelo
Se han identificado como fortalezas:
● Establece un gobierno regional con autoridades propias, a partir de la integración entre municipios.
● Conjuntamente, administra los recursos naturales, define las políticas tributarias y aplica el poder de policía.
● Si bien no poseen el carácter de soberanas (como los estados federados), disponen de autonomía política.
● Facilita un ordenamiento jurídico homogéneo y tiende a la integración productiva territorial.
● Posibilita una administración pública centralizada con un número suficientemente amplio de funciones.
● Permite la implementación de políticas territoriales a partir de la utilización de economías de escala.
Y se han identificado como vulnerabilidades:
● La regionalización por sí misma no trae desarrollo y tiende a aumentar la estructura burocrática del Estado.
● El gobierno nacional suele ofrecer resistencia a transferir competencias e instituciones al organismo regional.
● Posee bajos niveles de participación política territorial, a partir de una lógica del poder “de arriba hacia abajo”.
● Promueve liderazgos locales que se perfilan nacionalmente y usan a la región como plataforma política.
● Puede tenderse a la dispersión y duplicación de decisiones y programas relativos a las políticas sociales.
● Las organizaciones subnacionales resultan ser débiles, con escasos recursos y capacidades operacionales.
b. La gestión por acuerdos programáticos
Las áreas metropolitanas son ámbitos complejos y políticamente fragmentados, se superponen en ellas las competencias municipales, las intervenciones estatales y los intereses de los sectores económicos. Sin embargo, es posible reconocer una serie de acuerdos programáticos, de acciones comunes de concertación, que apuntan a sortear dichas limitaciones.
La superación de esta fragmentación debería ser, para Gustavo Badía -Investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento-, uno de los objetivos principales de una autoridad metropolitana. En esa línea, Norberto Iglesias -Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires-, destaca que los municipios alegan tener razones para resistirse a ceder competencias. Un ejemplo claro son los reclamos por gestión de impuestos inmobiliarios y automotores.
Sostiene que, en definitiva, es una cuestión de reparto de recursos, de costos y beneficios, y que es necesario generar instancias superadoras y que incorporen una fuerte decisión política, destinada a articular supra-municipalmente algunas temáticas que atraviesan las realidades territoriales. Al respecto, Iglesias rescata la importancia que tuvo en su momento el Fondo de Recupero del Ente del Conurbano, que se trató de un acuerdo político que tuvo un impacto notable sobre el conurbano bonaerense.
Existen en el país numerosas experiencias regionales que no requieren de un gobierno metropolitano: las Asociaciones Municipales, los Consorcios Municipales y los Entes Metropolitanos, que posibilitan la coordinación y cooperación interinstitucional y la realización de convenios intermunicipales. Otra experiencia interesante es la estrategia de Planificación Metropolitana, que apunta a facilitar la gestión del territorio a escala regional, de la que participan más de un gobierno local y diferentes actores públicos y privados.
Artemio Abba -Director del Observatorio de la Institucionalidad Metropolitana de Buenos Aires- identifica tres niveles de complejidad interjurisdiccional, y sostiene que para cada uno existen distintos grados de formalidad: Programas Provinciales, Planes Estratégicos, Cooperación Intermunicipal. En todos ellos detecta una realidad signada por cierta situación de orfandad institucional.
Sostiene que se debe apuntar a una institucionalidad metropolitana que se ajuste mejor al modelo de organización federal argentina. Y para ello propone la conformación de un Parlamento Metropolitano. Al respecto, Alfredo Garay plantea ciertas desconfianzas en la construcción de grandes colectivos parlamentarios o de grandes entes metropolitanos. Y, para avanzar sobre los temas problemáticos, apuesta a la realización de una agenda pactada mediante instituciones simples y pequeñas, como las fundaciones, que actúen sobre acciones concretas.
Subraya que el estimulo al desarrollo de actividades económicas, la organización del sistema de transportes, la provisión de las diferentes infraestructuras, la coordinación de los sistemas de salud, el manejo ambiental, la atención de emergencias urbanas y la coordinación de los mecanismos de seguridad son cuestiones que inciden directamente sobre la calidad de vida de las personas, y que en caso de ser gobernadas por instancias más próximas a su realidad, permiten en general más eficacia y transparencia.
Y agrega que la tendencia a mantener al Estado Nacional como un socio indispensable para la conformación de una entidad regional está asumida en representación de funciones que ya no le competen. La provisión de agua, la coordinación del transporte y el manejo ambiental son temas de competencia provincial y que pueden ser delegadas por decisión de las provincias a un ámbito regional. En ese sentido, Pedro Del Piero propone instalar una agenda metropolitana basada en la horizontalidad de las relaciones. En todos los casos, resulta fundamental la existencia de una fuerte voluntad política.
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b.1. Los casos de aplicación
Existen en el país varios casos interesantes para recuperar. En la provincia de Córdoba se han creado Entes cuya operatividad trasciende lo sectorial, perfilándose como organismos públicos permanentes para la gestión de múltiples proyectos a escala regional. Según su Estatuto, el Ente Intercomunal del Norte de Córdoba está organizado como entidad autárquica, independiente de los municipios y comunas que la componen, con capacidad para actuar pública y privadamente, en base a lo establecido en la Constitución provincial, en la Ley Orgánica Municipal y en las leyes vigentes en la materia.
En Mendoza, a la luz de los problemas comunes a toda el área metropolitana, surge la necesidad de crear espacios económicos y sociales que trasciendan las fronteras geográficas de las localidades afectadas, a fin de posibilitar su inserción en bloques regionales, como el Mercosur. Este espacio se denominó Plan Integral de Desarrollo Estratégico de Mendoza y es producto de la iniciativa de los municipios del Gran Mendoza, concebido por un conjunto de ciudades que integran un espacio unificado y que, por su importancia, adquieren el carácter de una Mercociudad relevante de Latinoamérica.
En el Gran Rosario se diseñó el Programa Rosario Metropolitano, que propone generar espacios de encuentro y coordinación interinstitucional, para atender problemáticas específicas y canalizar proyectos derivados de los lineamientos estratégicos. Esta nueva forma de relación público-privado capitaliza ventajas y fortalezas, y promueve la creación de nuevas instituciones de alcance metropolitano: el Ente de Coordinación Metropolitana y la Agencia Regional de Desarrollo.
Por otro lado, las áreas metropolitanas del Gran Resistencia y del Gran Corrientes conforman el polo regional de mayor relevancia en la región NEA, como eje regional multimodal de transportes y como centro económico y sociocultural. Está considerada como un punto estratégico de interconexión de los países integrantes del Mercosur -en los cuales se encuentra el Zicosur-, del Corredor Biocéanico y de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Las estrategias conjuntas de ambas áreas metropolitanas posibilita que este corredor (Corrientes-Resistencia) se convierta en la una zona de gran fluidez comercial.
En consecuencia, la gestión por acuerdos programáticos permite la implementación de mecanismos institucionales integrados por concertación interjurisdiccional, cuya operatividad trasciende la escala local. Pero carece de herramientas que le permitan ejercer el poder de policía, realizar intervenciones urbanísticas de diferentes magnitudes e implementar servicios regionales.
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b.2. Fortalezas y vulnerabilidades del modelo
Se han identificado como fortalezas:
● Permite articular supra-municipalmente temáticas que atraviesan diferentes realidades territoriales.
● Desarrolla mecanismos institucionales integrados a los niveles de organización previstos constitucionalmente.
● Introduce más eficacia y transparencia a la gestión y promueve relaciones de horizontalidad regional.
● Genera espacios de encuentro, cooperación y coordinación que trascienden el nivel sectorial.
● Conduce el desarrollo de una agenda consensuada de proyectos estratégicos de alcance metropolitano.
● Establece mecanismos de cooperación y complementariedad, y facilita las acciones interprovinciales.
Y se han identificado como vulnerabilidades:
● Las áreas metropolitanas son ámbitos políticamente fragmentados, con diferentes intereses sectoriales.
● Requiere de fuerte decisión política para articular supra-municipalmente complejas realidades territoriales.
● El espacio metropolitano está signado por cierta situación de orfandad institucional que afecta la organización.
● No se cuenta con mecanismos con capacidad de contratar obras y desarrollarlas a través de terceros.
● El Estado Nacional asume competencias que son de representación provincial y que suelen no ser delegadas.
● Se carece de instrumentos que permitan realizar intervenciones urbanísticas y ejercer el poder de policía.
c. La gestión por actuación disociada
El modelo de gestión por actuación disociada desarrolla instancias de coordinación de tipo funcional, regidas por criterios de corto plazo. En estos casos, se establecen mecanismos o instituciones para la prestación de servicios o funciones específicas en territorios especialmente definidos para el supuesto que se trate. Esta solución se ha adoptado en situaciones de disolución de gobiernos metropolitanos, como es el caso de Londres o Barcelona. Más cercana a nuestra realidad, la experiencia del CEAMSE (Coordinación Ecológica del Área Metropolitana) se podría inscribir en esta modalidad de coordinación funcional.
Sobre este aspecto, Norberto Iglesias sostiene que en la mayoría de los casos, los temas metropolitanos se incorporan en la agenda cuando se produce una situación de crisis. Las crisis se transforman entonces en oportunidades para impulsar la decisión política. La falta de circulación de monedas, por ejemplo, incentivó en la Región Metropolitana de Buenos Aires que se acelere la implementación de la tarjeta “SUBE”, un sistema prepago para viajes en transporte público. Y la quema sistemática de basura en los años 70 incentivó a la creación de un sistema metropolitano de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, más allá de que no se haya avanzado en una planificación a mediano y largo plazo.
Sin embargo, Alfredo Garay considera que incluir una agenda de gestión metropolitana guiada a partir de pactos sucesivos puede contribuir a una eficiente gestión de las metrópolis. Para Garay, la gestión sobre las metrópolis puede ordenarse en base a las cuestiones relacionadas con el desarrollo, las relacionadas con el crecimiento de la población y aquellas vinculadas con el ambiente. Y propone la conformación de una Agencia Metropolitana, responsable de funciones de planificación, gestión, coordinación y promoción.
Una actuación metropolitana más integrada deberá surgir -aporta Garay- de una fuerte voluntad política -que se contraponga la tendencia al desmembramiento sectorial- y de la adopción de pactos y compromisos de cooperación, basados en acuerdos estratégicos. Si bien muchas de las experiencias de gestión metropolitana son positivas, no son replicables en otros contextos. Iglesias sostiene que no se puede gestionar por indicación permanente de un Juez, como es el caso de la Cuenca Matanza Riachuelo. Al respecto, la creación de organismos de cuencas con facultades amplias podría ser un camino a transitar.
Para Jordi Borja es difícil encontrar, a nivel mundial, entes de gobierno democráticos eficientes. Para él, estos no logran cohesionar suficientemente el territorio por la resistencia de los aparatos políticos existentes, interesados en mantener una proliferación confusa de organismos que facilita la preservación del poder local adquirido. En definitiva, el éxito de las diferentes modalidades de gestión radica en la existencia de una fuerte decisión política. Es necesario producir un salto cualitativo en la visión de cada uno de los municipios y éstos deben comprender que a veces “se pierde” para ganar.
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c.1. Los casos de aplicación
Existen algunos casos distintivos de este modelo de gestión. Uno de ellos es el de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, creada en 1967 a través de un convenio suscrito por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un ente público, de carácter interestadual, con capacidad de derecho público y privado. Su propósito fue construir y administrar un mercado concentrador de frutos y productos alimenticios, como así también la conservación, empaque y almacenamiento para su comercialización y distribución para consumo interno y exportación.
Otro caso semejante es el de la creación del CEAMSE (Coordinación Ecológica del Área Metropolitana), un ente que se constituyó como Sociedad del Estado y que integra a las diversas jurisdicciones involucradas: Ciudad de Buenos Aires y municipios de la región. Entre sus atribuciones, buscó adecuar los sistemas legales y adoptar técnicas para el relleno sanitario en la disposición final de los residuos. Este ente tiene autarquía financiera, con recursos que se generan fundamentalmente por las tarifas abonadas para permitir la descargada en el relleno sanitario, por la contribución por obras de infraestructura y por la recepción de basura en estación de transferencia y transporte al sitio de relleno.
En consecuencia, la gestión por actuación disociada permite definir una agenda de gestión metropolitana guiada por pactos sucesivos que facilita la adopción de compromisos de cooperación, basados en acuerdos estratégicos. Pero aparece signada por criterios de corto plazo y presenta ciertas resistencias de los aparatos políticos existentes a nivel local.
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c.2. Fortalezas y vulnerabilidades del modelo
Se han identificado como fortalezas:
● Permite definir agenda de gestión guiada por pactos sucesivos de adopción de compromisos de cooperación.
● Promueve la conformación de una Agencia Metropolitana responsable de funciones de coordinación.
● Ordena las cuestiones relacionadas con el desarrollo, con el crecimiento de la población y con el ambiente.
● Actuación metropolitana más integrada contribuye a contraponer tendencia de desmembramiento sectorial.
Y se han identificado como vulnerabilidades:
● Gestión regida principalmente por criterios de corto plazo que genera resistencias de los aparatos políticos.
● Tendencia a sostener una proliferación confusa de organismos que preservan el poder local adquirido.
● Basado en experiencias difícilmente replicables, con volatilidad de decisiones, poco reguladas jurídicamente.
● Existe fuerte resistencia a producir un salto cualitativo en la visión de cada municipio para acordar entre sí.
Principales desafíos para una gestión
Más allá de sus particularidades, las áreas metropolitanas expresan problemas recurrentes y, como tales, requieren de estrategias de innovación constante. Desde esa perspectiva, las buenas prácticas de gestión proporcionan una clara visión del desarrollo físico de las ciudades, a través de proyectos concretos e innovadores que involucran a la ciudadanía y que generan un impacto positivo sobre su calidad de vida.
Es importante señalar que además de las cuestiones referidas a temas de transporte y de tratamiento de residuos, se debe incorporar en agenda el manejo de las áreas verdes metropolitanas. Las municipalidades enfrentan grandes retos para implantar proyectos de manejo de áreas verdes en situaciones de rápido crecimiento urbano, donde la capacidad de brindar apoyo técnico e institucional adecuado puede ser deficiente.
Por su parte, Pedro del Piero sostiene el componente fundamental de toda gestión metropolitana es la gobernalidad. Destaca la importancia del componente político en el territorio y, en particular, la construcción y ejercicio del poder político. La forma de distribución de las competencias territoriales en el país obliga a las partes a cooperar, si bien muchas veces deben enfrentarse un proceso de construcción condicionada por especulaciones políticas o conveniencias sectoriales beneficiadas por la fragmentación.
En este escenario es que Pedro del Piero propone construir governanza, es decir, operar desde el desafío de lograr que un conjunto disperso y conflictivo de actores se convierta en un sujeto colectivo dotado de reflexividad y capacidad de acción estratégica, en la que la institucionalidad es una herramienta que permite procesar acuerdos y conflictos con un amplio grado de eficacia.
El problema de la gestión local en regiones metropolitanas no se resuelve con la mera sanción de leyes ni con la creación de un organismo, sino que debe ser consecuencia de un proceso de definición que respete la naturaleza de los municipios involucrados y que establezca claramente las cuestiones que van a ser “gobernadas” en función de lo metropolitano. Para tal gestión, el desafío fundamental consiste en crear un espacio de articulación entre la planificación territorial al nivel nacional y la planificación de los espacios locales (generalmente representados por los municipios).
Respecto de la administración, la organización de una institucionalidad flexible resulta esencial para coordinar acciones que incorporen visiones, discusiones y prácticas de los distintos actores. Y, desde el punto de vista de la inversión, el desafío es doble: recuperar el papel estratégico de la inversión pública y profundizar las formas de asociación público/privada. De tal modo, se plantean diez estrategias de actuación para una buena gestión:
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● Más que observarlas como adversarias, reivindicar a las entidades municipales como complementarias.
● Formular agenda metropolitana compartida y consensuada, con diferentes objetivos generales a perseguir.
● Crear una visión metropolitana de enfoque integral, que identifique problemas comunes de largo plazo.
● Consolidar a los municipios como espacios donde se procesan las demandas más inmediatas de la población.
● Implementar políticas metropolitanamente articuladas y que garanticen el derecho y acceso a la ciudad.
● Promover, mediante una regionalización, el ordenamiento jurídico homogéneo con economías de escala.
● Desarrollar, a través de acuerdos programáticos, mecanismos de concertación interjurisdiccional.
● Establecer, desde una actuación disociada, una agenda metropolitana guiada por pactos sucesivos.
● Desde la diversidad, construir conjuntamente un sujeto colectivo dotado de reflexividad y capacidad de acción.
● Diseñar herramientas de representación social y política, que procesen con eficacia acuerdos y conflictos.
Este escenario implica articular con actores urbanos de poderes y saberes desiguales, una cuestión que se acentúa en las grandes ciudades. Y, también, manejar las ineludibles contradicciones que existen entre los intereses públicos y privados, locales y metropolitanos, nacionales y transnacionales. Finalmente, requiere la construcción de identidades metropolitanas y de nuevas instituciones y organismos para la gestión de los procesos metropolitanos, respetando las particularidades y derechos locales, y contribuyendo a la descentralización del Estado.
Ante un territorio políticamente complejo y espacialmente fragmentado, es necesario diseñar respuestas institucionales que enfrente diferentes desafíos: la prestación de servicios comunes, la coordinación y ejecución de políticas públicas, la planificación del uso del suelo, la promoción de la calidad de vida, la superación de los desequilibrios regionales. En consecuencia, más allá del modelo de gestión a adoptar, para gestionar las áreas metropolitanas deberán plantearse objetivos claros respecto del futuro crecimiento deseado, con una fuerte voluntad política para alcanzar un escenario donde todos ganen.
© Guillermo Tella & Laila RobledoEn: Tella, Guillermo y Robledo, Laila. (2011), “Áreas Metropolitanas. La necesidad de coordinar políticas. Fortalezas y debilidades de diferentes políticas”. En: Revista Mercado y Empresas para Servicios Públicos Nro. 63 (agosto), Ed. IC Argentina, pp. 34-45.