La reciente crisis argentina iniciada a fines de 2001 indujo a un estado particular de activación de novedosos modos de expresión de la sociedad. Si bien con el paso del tiempo ese clima de renovación de las prácticas sociales fue reabsorbido por la estructura institucional y la clase política que desató la crisis, se han desarrollado importantes avances en la producción social del hábitat, como experimento de responsabilidad colectiva. Dada la diversidad de la realidad urbana y su dificultosa persistencia en el tiempo, estas prácticas se instalaron como nuevas formas de conocimiento y de diseminación de un fenómeno de autogestión incipiente.
La aprobación de la Ley 341 en la ciudad de Buenos Aires permitió la entrega de subsidios y créditos para la construcción de vivienda social por parte del Estado a cooperativas y organizaciones intermedias, que cambiaron el eje de sus acciones para encolumnarse en proyectos de construcción superadores de la actual situación de déficit habitacional de sus integrantes.
Por este medio, grupos de diversos orígenes en el campo social, relacionados en otro tiempo a la ocupación de inmuebles como el MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos), grupos integrantes del bloque piquetero como el MTL (Movimiento Territorial de Liberación) o las mismas Madres de Plaza de Mayo, hoy en día se encuentran en actividad plena para la producción de vivienda social.
Desde esta perspectiva, el presente trabajo pretende dar cuenta de experiencias recientes de contraurbanización, que tienen en esencia un espíritu contestatario a las nuevas formas de expansión diferencial de la ciudad. Se trata de la construcción autogestiva de vivienda social que pone en práctica acciones e instrumentos de contención e inclusión, con el propósito de mitigar los efectos de estas asimetrías.
Crisis y conductas autogestionarias
La crisis económica y social que estalló en el país en diciembre de 2001 indujo a un estado particular de activación de la vida política a través de renovados modos de expresión de la sociedad. Los sectores medios de la población, perjudicados por la inmovilización de sus depósitos bancarios, protagonizaron la protesta urbana no sólo frente a los bancos sino en la extensión de las ciudades.
Desde ese entonces, el golpe de cacerolas por las calles se asocia al descontento de la clase media argentina con base preferencial en la ciudad de Buenos Aires. La movilización callejera contribuyó asimismo a la formación de las asambleas barriales las cuales discutieron agendas propias surgidas de las preocupaciones de los mismos ciudadanos y establecieron, al menos por un tiempo, una señal de ruptura con la conducta más elemental de la simple protesta, generando la expectativa de un cambio cualitativo en la construcción de políticas democráticas de base.
En otro lugar del escenario, organizaciones de desocupados relacionados a los sectores más empobrecidos -designados por los medios de comunicación como “piqueteros”-, tomaron diferentes posiciones contestatarias frente a la crisis en curso. Con mayor o menor nivel de dependencia hacia las estructuras partidarias tradicionales, los grupos piqueteros han desarrollado acciones para el despliegue de una economía social y se han movilizado a diario mediante manifestaciones relativas al reclamo de mejores condiciones de vida; pugnando por variadas formas de recomposición para mitigar los efectos del desempleo que en 2002 superó el 20%.
Las acciones reparadoras del tejido social deteriorado posteriores a la crisis, y desarrolladas desde el interior de la sociedad civil, debieron ser instancias útiles para la construcción de nuevos modos de interacción ciudadana y la oportunidad para una reflexión sostenida en el tiempo sobre la particular coyuntura que impulsó a experiencias de autogestión y construcción colectiva.
Es esa particular reacción ante la situación de crisis la razón por la cual los múltiples estudios que se han hecho sobre el fenómeno argentino han puesto principal atención en el repertorio de estrategias sociales como las asambleas barriales -en el contexto político de reformulación de las estructuras partidarias y las representatividades-, las empresas recuperadas por sus trabajadores -en el contexto de la vida productiva y el ámbito laboral-, o los clubes de trueque -en el contexto de la revisión de los modelos económicos instituidos-.
Ha llegado a interpretarse al caso argentino como un laboratorio social -la crisis como laboratorio-, o como un campo de estudio sobre el agotamiento de las recetas neoliberales. Sin embargo, es sabido que poco tiempo después ese clima de renovación de las prácticas sociales fue reabsorbido por la estructura institucional y la clase política que desató la crisis.
Más allá de explicar las razones de la desaparición progresiva de la impronta autogestiva que desatara la crisis, se describen en adelante algunas muestras de su concreta existencia como paradigma en el terreno de la producción social del hábitat, así como también de las dificultades por las que atraviesan los intentos de construcción colectiva y participativa de la vivienda de interés comunitario.
La impronta de los planes estatales
Las acciones públicas en materia de política habitacional se han caracterizado por ser poco estables, parciales y, en muchos casos, inconsistentes con otras políticas del gobierno. Han sido también fragmentadas institucionalmente, incapaces de abordar el problema habitacional de los grupos de menores ingresos en toda su magnitud, fomentando la construcción de viviendas de costos incompatibles con la capacidad de pago de la población, o beneficiando a familias de niveles de ingresos superiores, por citar algunos de los problemas.
A principios de la década del setenta, se creó el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) con el propósito de generar una masa de recursos específicos destinada a financiar las actividades tendientes a resolver el problema habitacional de la población de menores ingresos. Después de una experiencia de más de treinta años, los problemas en materia habitacional que impulsaron su creación persisten en gran parte, habiéndose agravado en los 90 por el deterioro de las condiciones generales de vida de los sectores de menores ingresos.
En sus comienzos el FONAVI se solventó a través de la deducción de la masa asalariada de un porcentaje que promediaba el 5% de los ingresos mensuales de los empleados en relación de dependencia, situación laboral que en aquel tiempo incluía a la mayor parte de los trabajadores en actividad. Durante la década del ochenta y mediados de la del noventa, la actividad de la construcción de viviendas colectivas en manos del estado argentino alcanzó su punto de inflexión.
Se llegaron a construir desde 1976, sólo mediante el FONAVI, poco más de 500 mil viviendas en todo el país. Este nivel de producción comienza a disminuir en 1992 cuando los gobiernos provinciales comenzaron a administrar las cada vez más reducidas partidas del fondo. El Estado descentralizó la política habitacional, distribuyendo a las provincias el dinero recaudado para tal fin que en aquel entonces comenzó a ser tomado de una parte del impuesto a los combustibles.
El seguimiento del fenómeno de renovación habitacional a través de las operatorias de vivienda desarrolladas por los planes instrumentados desde el Estado, nos señala la modificación paulatina de los imaginarios relacionados con los ámbitos de representación o de expresión de la vida social. Los grandes conglomerados de vivienda colectiva pública de los setenta, estructurados a través de monobloques unificados por pasarelas y conectores, derivaron en modelos de agrupamientos no superiores a los cuatro niveles de altura hacia mediados de los ochenta, con espacios comunitarios más contenidos, en complejos no mayores a las doscientas unidades.
Poco a poco, las operatorias han tendido a producir combinatorias entre viviendas colectivas y agrupamientos con loteo y vivienda individual. Finalmente, una gran cantidad de proyectos son construidos sólo con una matriz de vivienda unifamiliar en una sola planta, con posibilidad de crecimiento. Lo cierto es que formaron parte de un proceso de reducción del interés social por la vivienda colectiva sobre todo en lo que hace a la consolidación territorial de las áreas suburbanas.
En la última década el fenómeno de población de los barrios cerrados de viviendas unifamiliares alcanzó el medio millón de habitantes sólo en el área aledaña a la ciudad de Buenos Aires, una cifra holgadamente superior a la conseguida por la inversión estatal en viviendas colectivas. Las políticas estatales casi ausentes y el predominio de la concepción neoliberal puesta en juego durante los noventa, fueron los más válidos argumentos para que el mercado inmobiliario tomara el control del suelo y de los hábitos suburbanos con la promesa de mayor seguridad y el de una vida serena y apacible, entre otras ventajas.
Democracia económica y democracia disciplinar
El modelo se consolidó como una opción válida para la población urbana en general. Con la existencia del crédito, antes de la mencionada crisis, la clase media más ajustada también accedió a urbanizaciones privadas con menor capital de inversión. Así, la segmentación del mercado trajo como consecuencia la expansión de distintos tipos de productos inmobiliarios. Y con ello comenzaron a proliferar también las estrategias de distinción socioeconómica. Se produjo entonces un proceso insularización de la riqueza con una clara expresión de sus diferencias de mercado en un mismo contexto de segregación territorial.
El fenómeno de suburbanización de los sectores medios y altos de la sociedad se acopló diferencialmente a la trama suburbana ocupada por los sectores populares. La política de concesión de los servicios públicos -sus empresas y obligaciones- por parte del Estado, favoreció a estos nuevos grupos de desarrolladores que actuaron en sintonía con las empresas concesionarias en términos del incremento del valor del suelo, una vez que se mercantilizaron los servicios públicos estatales.
Las nuevas autovías de conexión y acceso profundizaron las diferencias, y hasta los movimientos de suelos para nuevos emprendimientos -de transformación y apreciación de tierras anegadizas en zonas de paisaje lacustre- situaron a los barrios marginales en condiciones de peor calidad de vida en virtud del impacto físico y ambiental provocado. Con posterioridad a la crisis de 2001 y hasta la actualidad, la política estatal de viviendas se ha concentrado en el Programa de Emergencia Habitacional y especialmente en el Programa Federal de la Construcción, conducido y centralizado nuevamente desde el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal de la Nación.
Dichos programas no llegan aún a incidir cuantitativamente, debido a la dificultosa aplicación de la operatoria a los contextos particulares, en especial en lo relativo al suelo que debe ser provisto por los estados provinciales o municipales; sin mediar en ello ninguna política de acceso a la tierra urbana. Las principales beneficiarias para la ejecución de esta operatoria son las empresas constructoras, quedando fuera de toda participación los destinatarios de las viviendas y las organizaciones de la sociedad civil.
La construcción de la vivienda colectiva económica, como manifestación experimental del Estado, ha establecido -y aun establece- una relación poco dinámica con los ciudadanos. La representación ciudadana que ejercen las autoridades se invierte cuando el Estado prefigura de modo representativo la forma de vida de sus ciudadanos en un formato común para todos. La habitual relación jerárquica de los medios productivos en el formato de licitación (democracia económica) o concurso (democracia disciplinar), impone y administra los riesgos de la operación, que se traducen habitualmente en experiencias de prueba y error.
El curso de los acontecimientos relatados anteriormente destaca dentro del sentido histórico de los mecanismos públicos de acceso a la vivienda, la escasa incidencia o participación de sus destinatarios en las diversas fases del proceso de producción. En este contexto la sanción de la Ley 341/964 en la ciudad de Buenos Aires movió el eje tradicional de las políticas habitacionales. Dicha ley permite la entrega de subsidios y créditos con garantía hipotecaria para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, no sólo a destinatarios individuales, sino también a cooperativas y organizaciones intermedias.
Circunscribir la autogestión del hábitat popular sólo a este hecho significaría disminuir lo que representa en verdad esta norma en su carácter de emergente de un proceso anterior de construcción social, que cuenta con una larga historia y que aún no ha tenido la suficiente visibilidad como para poder cobrar la categoría de alternativa necesaria de los modelos habitacionales del estado. En rigor de verdad, la Ley 341 no es una normativa promotora de la autogestión sino una herramienta por la cual la autogestión impulsada desde organismos civiles ingresó en el repertorio de las operatorias de vivienda.
Desafíos de la participación ciudadana
La Ley 341 surge del marco de vigencia que le presta el artículo 31 de la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que apela a la promoción de los planes autogestionados. No obstante ello, vale decir que esta legislación es el logro de un conjunto de agrupaciones que pugnaron por obtener alguna herramienta para encuadrar las acciones que las destacaron en sus luchas por una producción social del hábitat que sitúe al poseedor de la nueva vivienda como protagonista de su propia vida.
Las agrupaciones sociales encontraron eco en una coyuntura política particular y receptiva por parte de los legisladores que integraron en ese entonces una renovada estructura representativa. Por otro lado, el ente ejecutivo en temas de vivienda terminó de conformar una mesa de trabajo para traducir las iniciativas de las experiencias de los grupos que atravesaron por la problemáticas del acceso al techo propio y el reclamo del derecho a la ciudad.
Esta ley, si bien fue sancionada en 2000, se puso en funciones recién después de su modificatoria (Ley 964) en 2002 y tras la salida de las autoridades de la Comisión Municipal de la Vivienda -quienes habían convocado a las organizaciones sociales para la tarea de reglamentación mediante mecanismos participativos. Finalmente la ley fue reglamentada unilateralmente por el nuevo ente regulador de la ciudad en materia habitacional (Instituto de Vivienda de la Ciudad) sin participación alguna de las organizaciones sociales.
La crisis encuentra a esta ley recién reglamentada, como una oportunidad de transformación de la penosa situación nacional agravada por la devaluación de la moneda y la profundización del desempleo. La contracara a esta situación la impone su propia reglamentación, que la convierte en una suerte de espejismo, dada las dificultades que ocasiona la compleja red burocrática para su efectiva implementación. Los postulantes que desean aplicar en el “Programa de Autogestión de la Vivienda” deben sortear cuarenta y cuatro instancias administrativas desde la recepción de la demanda hasta el momento de la recepción del certificado de obra.
El proceso de aprobación tanto del proyecto como del crédito no tiene un plazo límite en el tiempo, lo cual se suma a las dificultades administrativas del circuito establecido para toda la gestión, que incluyen trabas y complejidades de toda índole. Tal parece que en este caso se comprueba nuevamente el nivel de disociación entre la voluntad progresista de ciertas propuestas contenidas en el texto de las constituciones y estructuras de gobierno y la dificultad de su cumplimiento en las instancias de implementación.
Es imposible construir el relato de las recientes experiencias acontecidas en la ciudad de Buenos Aires sin hacer mención de los cuarenta años de trabajo cooperativo de lo que es la FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua). La experiencia uruguaya opera como referente ineludible y verificable como modelo en sus más de 30 mil viviendas construidas y adjudicadas destacándose por su capacidad de resistencia al proceso dictatorial. El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) cita este modelo de acción inspiradora y referencial toda vez que debe hacer mención a su historia como organización.
El MOI, surgido a finales de la década del ochenta, es el actor social que mayor desarrollo cobró como red institucional dedicada a la producción social del hábitat en la misma ciudad de Buenos Aires. Su incidencia en la redacción y posterior aprobación de la Ley 341, junto a la Mutual de Desalojados de La Boca y delegados de la Ex AU3, fue capital en relación con el proceso de gestación de la normativa que tomara como precedente a sus acciones en el período 1991-98. Sin marco normativo alguno, ni apoyo político particular, el MOI impulsó procesos de regularización dominial ante el gobierno nacional y municipal, así como compras de lotes sólo con recursos propios de familias ocupantes. Por este medio, grupos de diversos orígenes en el campo social, hoy en día se encuentran en actividad plena para la producción de vivienda social.
El Movimiento Territorial de Liberación
El Movimiento Territorial de Liberación (MTL) es una organización que llegó a integrar a unos 20 mil desocupados con representación en 17 provincias. Hasta 2003 integró la FTV (Federación de Tierra y Vivienda) y la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos). También formó parte del Bloque Piquetero Nacional -entre los más combativos de los grupos de desocupados-, pero se alejó también de sus antiguos compañeros de marchas al poco tiempo de comenzar su etapa relacionada con la construcción de viviendas. El MTL integró asimismo el grupo que incidió para la aprobación de la Ley 341. En la actualidad cuenta con 5 mil miembros a nivel nacional que se definen en términos políticos como opositores moderados.
En los terrenos que alguna vez pertenecieron a un antiguo edificio industrial de Bunge y Born -Molinos Río de La Plata-, ubicados en Parque Patricios, se construyó el primer complejo habitacional edificado por una cooperativa de acuerdo a fondos provistos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la mencionada ley. La Cooperativa “Emetele”, que comenzó a funcionar en 2003, fue la primera en obtener los fondos previstos por el Programa de Autogestión de la Vivienda.
El complejo posee 326 viviendas y fue construido mediante un crédito de 13.6 millones de pesos de la décima parte se destinó a la adquisición del terreno y el inmueble. La superficie del predio ocupa casi 18 mil metros cuadrados y abarca dos manzanas de la trama urbana existente. El resto del crédito permitió la adquisición de los insumos que requiere la obra así como al pago de las remuneraciones de los trabajadores de la Cooperativa que alcanzaron a un total de 400 hombres y mujeres.
Precisamente la continuidad del trabajo del equipo técnico es percibida como uno de los mayores logros de la Cooperativa, a la luz de experiencias fallidas de otras cooperativas. Los arquitectos del estudio Pfeifer-Zurdo, más conocidos por proyectos concebidos dentro de las nuevas formas de recreación y consumo establecidas en Argentina desde finales de la década del ochenta, como el Tren y Parque de la Costa y el Alto Palermo Shopping, intervinieron en la elaboración del proyecto del barrio y realizaron el estudio de suelo y la documentación técnica de la obra.
De los trabajadores que integran la Cooperativa y realizaban tareas en la obra, solo algunos de ellos fueron los adjudicatarios de las viviendas en función de la mayor necesidad y el grado de compromiso militante. Las viviendas podían ser pagadas por los beneficiarios en 30 años a tasa cero. El conjunto de viviendas cuenta con unidades de uno, dos y tres dormitorios distribuidas en edificios de cuatro plantas que encierran espacios de uso público a fin de facilitar situaciones de intercambio entre vecinos y el desarrollo de actividades a escala barrial.
Como metáfora, el MTL como de grupo de activación callejera, reemplazó el recurso del corte y de la interrupción del tránsito de las calles por la construcción y la apertura de una nueva. A partir de esta experiencia, Emetele comenzó a prestar servicios como empresa constructora a otros conjuntos habitacionales. Por la Ley 341 la cooperativa tiene la opción de otorgar trabajo a sus miembros o tercerizar tareas a otras organizaciones. Así es como recientemente inició la construcción de 450 viviendas en la zona oeste de la ciudad.
En relación al futuro, los integrantes de Emetele se plantean seguir funcionando no sólo para solucionar los posibles problemas de las unidades consolidadas sino también como empresa constructora cuyo ámbito de actuación exceda los límites del complejo e intervenga en el mercado formal como parte de la oferta de empresas constructoras de la ciudad. Por otra parte, se plantean constituir en el corto plazo una fábrica de carpinterías para suministrar material a la obra y luego proveer los productos que realicen en el mercado.
El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) surge a fines de la década del ochenta como grupo formado en la consolidación de los valores reivindicatorios del derecho a la ciudad, dentro del contexto de la Escuela de Arquitectura de La Plata y la influencia como mentor de Marcos Winograd. La opción del grupo en su intervención en Buenos Aires en su primera etapa organizativa fue la de la ocupación de inmuebles deshabitados, concentrando su acción estratégicamente en el ámbito de la ciudad.
El fenómeno de la ocupación de inmuebles se multiplicó en toda la capital argentina en áreas degradadas como el Abasto o expropiadas por el Estado como los terrenos de la no construida autovía AU3. En sus documentos el MOI declara que traza sus huellas en un contexto de crisis urbana dentro del cual reivindica las políticas de autogestión de las organizaciones cooperativas que le pelean al Estado los fondos necesarios para resolver sus necesidades de vivienda y hábitat.
La primera experiencia participativa y gestionada con el gobierno de la ciudad fue alcanzada en el ex edificio de Patronato de la Infancia (Padelai) a través de la organización cooperativa y autogestionaria de las familias ocupantes del predio con la asistencia técnica de un grupo interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires y un conjunto de ONG´s, dentro de los carriles de receptividad encontrada en el gobierno local de entonces.
La propuesta alcanzada para 1990 fue la regularización dominial y el reciclaje del antiguo edificio en un conjunto habitacional de 118 viviendas, 60 locales comerciales, jardín maternal y salón de usos múltiples. El cambio de autoridades impidió la concreción de las fases posteriores del proyecto, cuyo predio ubicado en el barrio de San Telmo terminó siendo desalojado en 2003 luego de múltiples contramarchas.
El proceso trunco del ex Padelai se concretó finalmente con el reciclaje por autogestión de la cooperativa La Unión, ubicada en el área central de Buenos Aires, cuya regularización de dominio y mejora edilicia fue solventada con la colectivización de los fondos procurados por la adhesión a programas de la Subsecretaría de Vivienda de la municipalidad porteña, del Programa Trabajar y de ahorros personales de los cooperativistas, de modo de materializar en 2003 el pago total del inmueble; ocho años después del inicio del proceso de alojamiento de 20 familias en unidades totalmente rehabilitadas desde lo arquitectónico y lo social.
En 2005 el MOI desarrolla su primer proyecto dentro del contexto de la Ley 341, la cooperativa La Fabrica en el edificio de la antigua Editorial Amorrortu. También en el barrio de Barracas se realiza en ese año el proyecto de reciclaje del edificio de otra fábrica para alojar la tradicional feria de diseño y decoración Casa FOA. El desarrollo cooperativo alcanzado por esta organización reside en el desdoblamiento de las etapas que no sólo integran la construcción de la vivienda, sino que forman un ciclo que incluye la formación profesional, la propiedad colectiva y la ayuda mutua, reclamando niveles de compromiso que conllevan a un orden de meritos en los beneficios a percibir, debido a que los beneficiarios de las viviendas son los mismos que llevan adelante todas las instancias del proceso de producción social del hábitat.
El MOI integra la Central de los Trabajadores Argentinos desde 1993. Como movimiento, su organigrama está compuesto en la actualidad por nueve cooperativas, una escuela de adultos, un jardín maternal, módulos de capacitación y formación de oficios constructivos y de política autogestionaria, área de proyectos, capacitación e investigación, área internacional (con delegación en la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular y la Coalición Internacional del Hábitat), un área de comunicación y un área de salud con espacio para la atención primaria. Su transformación mayor ha sido el paso de la ocupación de inmuebles a la mejora del hábitat dentro de los parámetros de solución habitacional.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo
La Asociación Madres de Plaza de Mayo (AMPM) surge como organización civil legalmente constituida tiempo después que se convirtiera en un exponente elocuente a nivel internacional de la lucha por los derechos humanos. Su principal actividad y su rol histórico ha sido la búsqueda de la verdad y la justicia en torno a los miles de personas que desaparecieron durante la dictadura miliar que se iniciara en 1976 en la Argentina. La AMPM es una de las diversas organizaciones civiles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, las cuales no ocultan sus diferencias en diversos aspectos relacionados con los modos de interpretar sus objetivos, acciones y alineamientos políticos.
La AMPM, en función de sus posibilidades como organismo civil, ha desplegado un considerable número de actividades de inserción en la vida social y cultural. En la actualidad cuenta con universidad, biblioteca popular, librería, centro editor de publicaciones, periódico, café literario, radio, feria de artesanos. En el último tiempo sumó una nueva actividad al constituirse como empresa constructora de vivienda social en barrios precarios conocidos en la Argentina como villas de emergencia.
Construyó un complejo de 36 viviendas en la villa de emergencia Nº 15 gracias a un acuerdo con el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto se ubica a un costado de la estructura abandonada del hospital de tuberculosos que Perón nunca llegó a inaugurar –lo impidió el golpe de Estado de 1955–. Los vecinos llaman el “Elefante Blanco” a la gigantesca mole de cemento que puede verse desde varias cuadras a la redonda.
Las viviendas cuentan con 60 metros cuadrados en planta baja y dos pisos. Son edificadas mediante un sistema de origen italiano de paneles de poliestireno expandido envueltos en una doble malla de acero a los que se les proyecta concreto con un compresor y una pistola especial. Meses después, el entonces Jefe de Gobierno cedió a las Madres la estructura del hospital inconcluso para que se construya un hospital y una escuela como parte del proyecto de AMPM “Sueños Compartidos”.
A partir de la experiencia de la Villa 15 -conocida popularmente como Ciudad Oculta-, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, decidió continuar con la construcción de viviendas como proyecto institucional. Recientemente a la AMPM se le ha adjudicado una licitación pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Corporación Buenos Aires Sur, organismo al cual pertenece el predio sobre el que se realizará el nuevo barrio de 432 viviendas, en las casi cuatro hectáreas disponibles para la construcción de viviendas sociales que pertenecían a lo que iba a ser el Parque Indoamericano. La construcción e intervención en el hábitat no tardó en extenderse a otros lugares del país, como Chaco o Neuquén (450 viviendas).
La autogestión como política de vida
Contra las dificultades en lo relativo a la gestión y el acceso a las condiciones de instrumentación de la Ley 341, puede decirse que igualmente constituyó una herramienta de importante valor para un amplio campo de organizaciones, movimientos, partidos políticos y cientos de familias en estado de necesidad habitacional. Más de 2500 familias adquirieron 110 inmuebles de localización urbana consolidada y cerca de 400 cooperativas y asociaciones, que aglutinan a 8600 familias, están impulsando proyectos en distintas etapas.
Este paradigma de la autogestión ha demostrando en los hechos su presencia en tiempos de la peor crisis y la productividad ante el sólo estímulo de una ley que ni siquiera ha sido generosa o, más precisamente eficiente, en su reglamentación. Asimismo es posible interpretar que los mecanismos autogestivos adquieren real sentido, porque sólo son posibles cuando se logra complementar la formación del empleo con la demanda de vivienda: de ese modo únicamente se convierten en competitivos para un escenario que coteja en el armado de sus ecuaciones las reglas del mercado inmobiliario.
En términos de los grupos que en la actualidad actúan en la producción social del hábitat debe decirse que no terminaron de constituirse como un bloque con mayor fuerza de negociación y que asumieron los mismos niveles de diferenciación y competitividad que el común de las empresas del mundo del consumo. No han tardado en surgir diferencias entre los variados actores del campo popular en relación a la acción que el Estado ejerce sobre las instituciones beneficiarias de fondos para la construcción de viviendas, referidas a la contraprestación de orden político.
En el centro de la escena aparece entonces un problema jurídico-legislativo a resolver, relativo a la definición de una operatoria que equilibre la relación entre el Estado en sus roles ejecutivos y las organizaciones sociales, manteniendo en todos los casos sus respectivas autonomías. El uso discrecional de los fondos destinados a vivienda a estados municipales y provinciales o a organizaciones que se manifiesten favorables a los gobiernos de turno acaban por desarmar el carácter representativo de las administraciones elegidas democráticamente.
En todo caso, la pregunta que aparece frente a este presente es sobre la posibilidad de un avance hacia una construcción más democrática del hábitat, tanto en el uso del suelo como en la concepción de las operatorias mismas, contemplando nuevas alternativas que incluyan a la sociedad civil desde una ingeniería de implementación sustentable. Es preciso entonces considerar la convivencia en un mismo tiempo de estos dos modelos de sociedad: el de la “autogestión reconstructiva” y el de la “autonomía protegida” para situar el rol del estado en la definición de políticas que planteen en esencia un espíritu contestatario a las nuevas formas de expansión diferencial de la ciudad, poniendo en práctica acciones e instrumentos de contención e inclusión, con el propósito de mitigar los efectos de las asimetrías.
© Guillermo Tella & Gustavo Diéguez
En: Tella, Guillermo y Diéguez, Gustavo. (2008), “El paradigma de la autogestión: producción social del hábitat en Argentina tras la crisis cívico-institucional de 2001”. X Coloquio Internacional de Geocrítica. Universidad de Barcelona (España).